Las autoridades
peruanas son, definitivamente “otra cosa”. Mientras en otros países, obviamente
no todos, yo veo como sus autoridades trabajan en conjunto por el bien del
país, en mi querido Perú aparentemente cada autoridad “baila con su propio
pañuelo” como se dice. Esto no estaría del todo mal, si digamos, todos remaran al
menos en la misma dirección, quizá con opiniones diferentes, pero con objetivos
similares. En Perú parece que reman en todas direcciones y hasta en direcciones
opuestas.
Para hacer una
metáfora militar, si el gobierno peruano, en todos sus niveles (desde
municipalidades distritales hasta la Presidencia de la República) fueran el
ejército, estaríamos soberanamente jodidos. En una guerra, lo que se busca
evitar a toda costa es fuego amigo. Es decir, cuando militares le disparan a
los de su mismo bando. En el Gobierno del Perú, aunque en teoría todos son “del
mismo bando” (que no es lo mismo que el mismo partido político), porque todos
en teoría deberían querer el bien del Perú y su población, nuestros políticos
se dedican a “dispararse” mutuamente.
Por un lado,
tenemos a Rafael López Aliaga. Al momento de la redacción de este artículo,
alcalde de Lima. Elegido para el periodo 2023 a 2026. Este señor, que no me
parece un buen alcalde por motivos que no voy a exponer hoy, se puede decir que
le “declaró la guerra” a la empresa Rutas de Lima. Esta empresa, obtuvo la
concesión de 3 importantes vías en Lima en 2013. El propietario de esta empresa
era la empresa brasileña Odebrecht. En 2015 en Brasil, estalla es caso
Petrobras, que expone corrupción, donde el corruptor es justamente la empresa Odebrecht.
Para 2016 el caso se había ampliado mucho y había pasado de ser sólo en Brasil,
a pruebas de corrupción en 12 países, incluido Perú. Odebrecht sin embargo,
como luego se comprobó, tenía “socios” en su empresa corruptora. Empresas que
estaban muy al tanto de los sobornos o “coimas” pagadas por Odebrecht y que
simplemente se hacían de la vista gorda y en algunas ocasiones hasta pagaban
ellos mismos. El caso fue conocido como “el club de la construcción” y aparte
de Odebrecht también incluía a OAS y a otras 23 empresas al menos donde estaban
incluidas empresas peruanas. Fue con algunas de estas, que, durante la gestión
de Susana Villarán, se hizo con las concesiones de la Panamericana Norte,
Panamericana Sur y autopista Ramiro Prialé. Hoy, sin embargo, voy a hablar de
la que me interesa: la Panamericana Sur.
Este contrato de
concesión es demasiado favorable para la empresa en perjuicio del Estado
Peruano y la Municipalidad Metropolitana de Lima. No sólo le ha permitido a
dicha empresa aumentar el costo del peaje, que pasó de 3 soles en 2013 a 7.5 a
inicios de 2024, si no que, para marzo de 2025, a raíz de la clausura del
puente Conchán en Lurín, que forma parte de la concesión de la Panamericana
Sur, nos venimos a enterar de algo aún más indignante. Resulta ser que, por
contrato, el mantenimiento de algunos de los puentes de la concesión (de los
cuales 4 ya están presentando fallas estructurales debido a su vejez), corren
por cuenta de la Municipalidad de Lima. O sea, yo cobro peaje por administrar
tu vía, pero algunos puentes, por los cuales yo cobro peaje (al menos la
mayoría) esos son tú problema. O hay que ser idiota, o muy corrupto para firmar
eso, sobre todo, considerando que muchos de esos puentes, al momento de la
firma de la concesión, ya sobrepasaban los 50 años de construido. Tanto es así
que la defensoría del pueblo realizó un informe donde, de una forma
“políticamente correcta”, no hace más que decir que Rutas de Lima es la gran
ganadora con la firma de ese contrato. Luego explicaré por qué digo “algunos”
puentes y no todos.
Para quienes no
vivan en Lima o no estén enterados, se necesita hacer algunas precisiones. Para
empezar, aparentemente la concesión no parte del kilómetro 0 de la Panamericana
sur. La concesión va hasta un poco más allá de Pucusana, que queda en el
kilómetro 58. La concesión probablemente vaya hasta el kilómetro 59 ó 60, por
lo que inferimos que no empieza en el kilómetro 0, puesto que, al buscar datos,
se nos revela que la concesión de Rutas de Lima de la Panamericana Sur tiene
una extensión de 54.1 kilómetros. Aproximadamente, de Norte a Sur, el peaje
está ubicado en el kilómetro 19. Sin embargo, poco antes, aproximadamente en el
kilómetro 18, hay un puente que da a la avenida Defensores del Morro. Si uno
sale por ahí, de vuelta al norte, tiene que pagar peaje. Me parece que la
tarifa es menor, pero no estoy seguro. Si uno viene de Sur a norte, la cosa es
muy diferente. Desde el puente Parque Zonal, que sirve de puerta a un distrito llamado
Villa el Salvador, y que está ubicado aproximadamente digamos en el kilómetro
16, uno puede usar la vía sin pagar peaje.
Hay aproximadamente unos 15 kilómetros de vía en los que uno puede
circular sin pagar peaje.
Aca es sin
embargo donde la cosa se pone confusa (para variar). Según los medios, el
puente Lurín, el puente Atocongo, el puente Alipio Ponce y el Puente Conchán,
todos en la Panamericana Sur, están en riesgo por fallas estructurales debido a
su vejez. Ahora bien, es importante notar que hay 2 puentes Lurin. El que forma
parte de la vía concesionada y el que forma parte de la Antigua Panamericana
Sur. Rutas de Lima ha dicho que, contractualmente, le corresponde a la
Municipalidad Metropolitana de Lima el arreglo del puente Conchán. Si uno visita
la página de Rutas de Lima, podrá observar, al ingresar a la opción de
“Panamericana Sur”, que dicha empresa ha realizado la construcción de varios
puentes vehiculares en la via. El puente San Pedro y el Puente Arica son
ejemplos. Tengo que reconocer que no tenía idea de eso. ¿La municipalidad de
lima debe ver la infraestructura de unos puentes y Rutas de lima la de otros?
No tiene sentido. Quizá haya detalles que le hagan tomar sentido, pero no lo
sé.
Dejando ya de
lado los hechos, como se puede ver en su Instagram, el actual alcalde de Lima
le ha declarado la guerra a Rutas de Lima y sus concesiones. Mueve el mundo con
tal de deshacerse de la empresa intentando por todos los medios dar por
finalizado el contrato. Hasta se puede notar una actitud completamente abrasiva
hacia la empresa.
Debido al
escándalo de corrupción, en 2016 Odebrecht vendió el 57% de las acciones de
Rutas de Lima a Brookfield Asset Management, por 430 millones de dólares, pero
mantiene el 25% de las acciones. Obviamente, siendo tan lucrativo este
contrato, Brookfield no quiere, como decimos en Perú, “soltar la mamadera”.
Veamos
rápidamente las cifras. Lo voy a hacer a groso modo porque la verdad me resulta
demasiado trabajoso buscar toda la información necesaria. Según la Municipalidad
de Lima, este incremento a 7.50 de la tarifa del peaje le permite a Rutas de
Lima facturar cerca de 140 millones de dólares. Aquí estamos hablando de
Panamericana Norte y Sur, nos expandimos un poquito porque pues encontrar
cifras sólo de la Panamericana Sur es imposible. Sospecho que este número
también incluye la Ramiro Prialé, pero digamos que no. Utilizando un tipo de
cambio generoso, de 3.5, son 490 millones de soles en un año y esto ha regido
desde 2024. Según Rutas de Lima, en 12 años de administración ha invertido 2200
millones de soles, lo cual, con una división simple, nos da 183 333.33 soles al
año invertidos. Si hacemos una resta, nos da 182 833.33 soles de ganancia anual
para el periodo 2024 a 2025. Es 100% de ganancia. La rentabilidad es
abrumadora. Si le preguntamos a la inteligencia artificial el promedio mundial
de rentabilidad de una concesión vial, nos dirá que es 6.1%. Rutas de Lima
tiene 3 concesiones, así que multipliquemos para un 18.3% de rentabilidad.
Seamos extremadamente generosos, digamos que el máximo de rentabilidad es 10% y
por ende, digamos que debería ser 30%.
Rutas de Lima tiene 100%.
Como ya dije,
Brookfield no quiere “soltar la mamadera” por lo que el Alcalde de Lima, de no
poder encontrar una argucia legal para resolver el contrato, podría recurrir a
ciertas argucias para hacer que Rutas de Lima opte por retirarse. Reducir los
ingresos es la única forma que se me ocurre. Claramente, si se utilizan vías
alternativas que te lleven a la vía concesionada sin pagar peaje, sería una
forma de hacerlo. No sé si la Municipalidad Metropolitana de Lima esté impedida
de hacerlo por contrato, me imagino que si, pero podría ser que no.
Lamentablemente no tengo ni el tiempo ni la motivación de leer 350 páginas de
contrato. Aquí sería un buen momento para que la Municipalidad de Lima me
contrate para hacerlo y encontrar una argucia legal para resolver el contrato.
Si alguien puede, soy yo.
Aquí es donde
entra el MTC. Donde le dispara al alcalde de Lima. En octubre de 2024 se
publica en el diario oficial el peruano 2 nuevas multas de tránsito que se
suman a la tabla de infracciones ya existente. La multa M45, la cual le
“dispara” al alcalde de Lima, dice lo siguiente: “Realizar la circulación por
rutas que no forman parte de caminos, vías urbanas o del Sistema Nacional de
Carreteras – SINAC, evadiendo el pago del peaje”. Está catalogada como Muy
grave, acarrea una multa de 642 soles, reducción de 50 puntos en la licencia
del conductor, internamiento del vehículo y retención de la licencia de
conducir.
Correcto, el Perú
no es Lima y Lima tiene los únicos peajes del país. Es demasiada coincidencia
sin embargo que la norma se dé poco después de un escándalo en Villa el
Salvador, donde hay una ruta alterna al peaje de Rutas de Lima. Los vecinos
cerraron parcialmente el acceso para evitar la circulación de vehículos de
carga pesada y esto apareció en las noticias. Muchas personas utilizan esta vía
para evitar el pago del peaje.
Aquí es donde yo
podría estarme equivocando. Yo he pasado por ahí. Sé que la vía está asfaltada
hasta un punto y luego es trocha. Pensé que esta vía entraba en la categoría de
“ruta que no forma parte de caminos, vías urbanas o del Sistema Nacional de
Carreteras”. Acabo de ver un reportaje y lo primero que salta (para variar) es
la idiotez del Alcalde Rafael López Aliaga.
Ante el reclamo
de los vecinos, la prensa solicitó información a la Municipalidad de Villa el
Salvador, la cual dijo que la vía estaba bajo la jurisdicción de la
Municipalidad de Lima. Al consultar a la Municipalidad Metropolitana de Lima,
dijeron que esta está bajo jurisdicción de la Municipalidad de Villa el
Salvador. Esto me lleva a pensar que esta es una vía llamémosla “legal” por
donde se puede circular sin miedo a ser sancionado con la multa M45.
De ser así, aquí
es donde el disque brillante Alcalde de Lima se está disparando al pie. No sólo
eso, también desperdicia una oportunidad de oro. Si se quiere perjudicar a
Rutas de Lima para que consideren dar por resuelto el contrato, construye una
vía bonita ahí por donde autos puedan pasar y evadir el peaje. El problema
claro está, sería que el espacio no permite que los camiones pasen por ahí de
manera segura y que los vecinos se oponen a esto. Sin dudas de pierde una
oportunidad de oro para aprovechar una situación que lo lleve a fortalecer su
posición contra Rutas de Lima y a la vez no sólo aclarando la legalidad de esta
ruta alterna, si no promoviendo su uso como una forma de presión legítima. Al
no hacer nada, sólo ha contribuido a generar confusión entre peruanos que, como
yo, pueden pensar que esa ruta no es del todo “legal”. En otro claro ejemplo de
estar de espaldas a la ciudadanía, con su nueva reglamentación que parece
alinearse perfectamente con los intereses de la concesionaria en desmedro de la
ciudadanía.
Si se hiciera
esto, Rutas de Lima quizá “contraatacaría” (no sé si el contrato lo permite)
reajustando la tarifa del peaje y haciéndolo incluso más caro. Podría ser que no, ya que no creo que el
contrato incluya como criterio del cálculo de la tarifa la recaudación, y
aunque dudo que esto les suponga pérdidas significativas, reducirá en algo su
100% de ganancia anual.
¿Por qué Rafael
Lopez Aliaga, ya que tiene la venia de la Municipalidad de Villa el Salvador,
no mejora ese acceso para perjudicar a Rutas de Lima y reducir sus ingresos?
Eso habrá que preguntarle al Sr. Alcalde. La opción está ahí. Ya depende de las
autoridades hacerla realidad y de la población exigirlo.
En un país donde
todo parece funcionar con un mínimo de coherencia, se necesita que las
autoridades remen en la misma dirección para renegociar o anular un contrato claramente
abusivo que no hace sino socavar el bolsillo de todas las personas que
transitan. Esto claro garantizando siempre una infraestructura vial adecuada
por el precio justo. El Perú lamentablemente es un país donde las autoridades
están más preocupadas en rencillas políticas, siendo los amos y señores de
tomar decisiones improvisadas, en lugar de solucionar los problemas de fondo en
beneficio de los habitantes y visitantes. Es de esta forma que el alcalde
declara la guerra a la concesionaria, el MTC le “ayuda” con fuego “amigo” y los
más afectados somos todos los demás, quienes pagamos una tarifa exorbitante por
una vía con muchos problemas mientras nos enfrentamos a una burocracia que ya
parece enfermiza al punto de dispararse en el pie.
