Aunque soy muy detractor, como millones de peruanos, del Congreso de la República, también soy un fiel creyente de ese adagio bíblico atribuido a Jesus de Nazaret, que dice “Al Cesar lo que es del Cesar (…)”. En enero de 2025, el Congreso de la República aprobó la ley 32251, Ley que unifica y armoniza la regulación de los símbolos de la patria, símbolos del estado y emblemas nacionales. A simple vista, parecería que, por enésima vez, el Congreso de la República muestra su divorcio con la realidad peruana, aprobando una ley irrelevante de cara a la creciente inseguridad ciudadana que azota el país. Tengo que aclarar, por cierto, que también soy detractor del poder ejecutivo y de toda autoridad peruana, desde alcaldes distritales hasta la actual presidenta de la república.
Es mi deber
comunicarles que esto no es así, esta vez no es culpa del Congreso,
increíblemente. Si tomamos como ejemplo esta ley, la ley número 32251, veremos
que su número (o código en realidad) de proyecto de ley, no es igual. No es
siquiera similar. En este caso, esa ahora ley, era el proyecto de ley
5836/2023-PE. La razón es simple y tiene sentido: no todos los proyectos de ley
se aprueban y, por ende, no todos se convierten en ley.
Este código nos
da nuestra primera pista. Parte de este es 2023-PE. Esto marca que fue
presentado en 2023. Con este código, podemos ir a la página oficial del
congreso, lo cual arrojará más luces sobre esta ley. Por cierto, debo agregar
que, para la cantidad de dinero que maneja el congreso, pues su sistema de
búsqueda deja mucho que desear. Hasta el momento ya lleva 10 minutos “Buscando
registros” y apuesto que van a ser muchos más. Bueno, aparentemente si colocas
el código completo demora, pero si omites el año y el “-PE”, la búsqueda es
mucho más rápida. Aquí es donde empieza lo interesante. Según la página oficial
del Congreso de la República del Perú, el proyecto de ley fue presentado el 05
de setiembre de 2023. En la columna “proponente” figura el poder ejecutivo.
Esto nos dice que, en pleno uso de sus facultades constitucionales, el poder
ejecutivo presentó un proyecto de ley ante el congreso para su debate y quizá,
posterior aprobación.
Vamos a hacer un
pequeño paréntesis aquí para hablar de la coyuntura del momento. Aunque en el colegio
nos enseñan que, cuando se redondea un decimal, y este es menor a 0.5, se
redondea para abajo. Es decir, por ejemplo, 2.1,2.2,2.3 y 2.4 se redondean
hacia 2 y si es 2.5,2.6,2.7,2.8 y 2.9 se redondea hacia 3, cuando se habla de
personas esto no es posible. Si hablamos, de digamos, pacientes por día de un
centro de salud, cualquier decimal se redondea hacia arriba porque no podemos
partir a una persona. Lo mismo ocurre con los asesinatos. Habiendo aclarado
eso, hablemos de cifras del SINADEF (Sistema Nacional Informático de
Defunciones), en 2022 se registraron 4.2 homicidios por día en Perú. Dado lo
anterior, 5 homicidios por día. En 2023 la cifra se mantuvo, 4.1, que, de
nuevo, se convierte en 5. Para 2025, la cifra alcanza 6.3, es decir 7. Si bien
para entonces (2023) la criminalidad no alcanzaba los niveles actuales, si
podemos decir que empezaba a “asomar la cabeza”. Debemos aclarar que el actual
poder ejecutivo, asumió funciones, en diciembre de 2022, tras el fallido golpe
de estado de Pedro Castillo. Una encuesta de 2023 revela que el 38% de los
peruanos percibían ya la delincuencia como un problema. Obviamente era otro
tipo de delincuencia, en ese momento estamos hablando más de robos y asaltos
que de extorsión y sicariato. También se revela la corrupción (55%) como el
principal problema y la economía en tercer lugar (22.9%). 36.3% de la población
sufrió inseguridad alimentaria en el segundo trimestre de 2023. A pesar de todo
esto, el gobierno de Dina Boluarte, tomó como prioridad la identidad nacional,
como si el patriotismo le importara a alguien que está sufriendo de hambre, o
que ha sido víctima de robo de su celular y ahora tiene dificultades para
trabajar porque no tiene como reponerlo, o que simplemente está tan temeroso de
salir a la calle que mira para todos lados todo el tiempo.
Una rápida
búsqueda en Google revela que, como debería, la ley primero pasó por comisión antes
de ser votada en el pleno. Puedo decir que la comisión de constitución y
reglamento del congreso aprobó la norma el 9 de setiembre de 2024. La primera
pregunta que me nace de este dato es ¿Tan ocupada está la comisión de
constitución y reglamento del congreso? Ok, es una ley digamos “no urgente”,
pero más de 1 año en debatirla y aprobarla, pues no me cuadra. O esta comisión
tiene más trabajo del que aparenta, lo cual siendo honestos no me sorprendería,
ya que hay tantos grupos que quieren modificar la constitución, o son recontra
flojos, lo cual, dado el historial del congreso, tampoco me sorprendería.
Quiero saber, así que volví a la página del Congreso de la República. Desde el
30 de julio de 2024 hasta el 21 de marzo de 2025, esta comisión tiene 176
proyectos de ley. De esos 176, 5 han sido retirados por su autor. Es decir, el
número bajó a 171. De los 171 restantes, 25 ya pasaron la fase “en comisión”.
Haciendo matemática simple, dadas las fechas, son 235 días y 25 proyectos, nos
da que esta comisión lidia (vamos a decir lidia porque la verdad no se me
ocurre un mejor término) con un proyecto de ley cada 9.4 días. Supongo que eso
descarta la opción de que sean flojos. Esta comisión tiene más trabajo del que
aparenta.
El 05 de
diciembre de 2024 se aprobó en primera votación y el 13 del mismo mes en
segunda votación por el pleno del congreso. Aquí es donde empieza la siguiente
curiosidad del tema. La ley se aprueba el 13 de diciembre. Según el reglamento
del congreso, en su artículo 79, el parlamento tiene 15 días útiles para
remitir la autógrafa de dicha ley al poder ejecutivo. Luego de esto el
ejecutivo tiene 15 días para promulgarla. De no hacerlo, lo hace el parlamento.
¿Notaron la diferencia? Cuando se trata de trabajo del parlamento, son días
útiles, es decir, no cuentan ni sabados ni domingos ni feriados. Cuando se
trata de trabajo del ejecutivo, ahí si son 15 días. En términos simples: los
fines de semana y feriados del congreso se respetan, los del ejecutivo ellos
que trabajen como burros incluso en fines de semana y feriados.
Ante la creciente
inseguridad ciudadana, el aumento de extorsiones y asesinatos, ya era de por si
preocupante tener un Congreso de la República de espaldas a las necesidades de
la población, afirmación que creo queda más que probada con la aprobación de
una ley que evitaba la prisión preventiva en casos de flagrancia durante casi 3
meses. Ahora también tenemos evidencia sólida de que el ejecutivo está también
de espaldas a la población.
Se podría
realizar un trabajo conjunto. No es complicado si se tiene la intención. Es
bien sabido que la mayoría de delincuentes escala en sus delitos. Primero
cometen delitos menos graves, como asaltos y robos y con el pasar de los años y
al no recibir penas duras, escalan hasta el homicidio. Aquí es un buen “punto
de ataque” me parece. Esto por supuesto no resuelve el problema latente, lo
aminora a futuro, pero esto es un ataque en 2 frentes. Mientras el legislativo
aprueba leyes que endurecen las penas, el ejecutivo no sólo aumenta el
presupuesto para el INPE y construye más y mejores cárceles (recordemos que
desde la cárcel inician muchas, si no es que todas, las extorsiones), sino que
también aumenta el presupuesto a la policía (especialmente a la unidad de
inteligencia que es la más importante para ganar esta guerra) y fomenta la
actividad de esta.
